Xalapa, Ver – A 40 días de que entren en funciones los nuevos ayuntamientos, en la zona norte y centro de Veracruz comenzaron a circular versiones que han generado preocupación entre alcaldes electos y personal de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA). De acuerdo con diversas fuentes, el alcalde electo de San Rafael, Gil Armando Méndez, habría iniciado acercamientos con otros presidentes municipales electos asegurando que mantiene “tratos directos” con el actual procurador del Medio Ambiente, Ángel Carrizales López.

Según relatan quienes han presenciado estos encuentros, Méndez afirmó que ya promovió sus empresas privadas ante el procurador con el objetivo de ser consideradas para dragados de lagunas —entre ellas el Estero de San Rafael — y para la extracción de piedra de río. Esta situación habría generado inquietud entre varios alcaldes electos, quienes temen que estas afirmaciones comprometan al titular de la PMA o deriven en un conflicto similar al que enfrentó el ex procurador Sergio Rodríguez Cortés, señalado en el pasado por presuntos actos de corrupción en materia ambiental.

Las versiones apuntan a que, en algunos municipios, operadores políticos cercanos a nuevas autoridades municipales estarían intentando ofrecer “servicios” de dragado en ríos, arroyos y esteros, presuntamente respaldados por personal interno de la PMA. Las fuentes consultadas señalan que existirían intentos de “vender espejitos” a los próximos ayuntamientos, incluyendo arrendamiento de maquinaria del alcalde electo y empresas supuestamente recomendadas para ejecutar estas obras.

Esta situación ha encendido alertas debido a que los dragados suelen ser contratos de alto costo y manejo discrecional, históricamente señalados como foco de corrupción en gobiernos pasados. Funcionarios estatales han comentado que las comparaciones con el periodo de Sergio Rodríguez no se han hecho esperar, pues durante su gestión fue acusado de convertir la procuraduría en un espacio para “negociar” trabajos y permisos ambientales.

Actores internos del gobierno del estado consideran que el actual titular de la PMA deberá poner especial atención debido a que este tipo de versiones podrían escalar rápidamente y poner en riesgo el esfuerzo de la gobernadora Rocío Nahle García, quien ha insistido en erradicar los “acuerdos en lo oscurito” entre funcionarios estatales y municipales.

La preocupación aumenta porque, en meses anteriores, el procurador Ángel Carrizales enfrentó críticas por presuntos despidos injustificados a su llegada a la dependencia, lo que ocasionó molestia interna y un ambiente de tensión. Ahora, con estos posibles acuerdos irregulares en puerta, el tema podría convertirse en un nuevo foco de polémica.

Ante la posibilidad de que estos señalamientos desemboquen en un escándalo, alcaldes electos y personal de la PMA han solicitado una intervención institucional inmediata para deslindar responsabilidades, aclarar las versiones y evitar que grupos externos utilicen la procuraduría como plataforma para negocios particulares.

Por ahora, no existe una postura oficial de la PMA ni del alcalde electo Gil Armando Méndez respecto a las acusaciones, pero el creciente malestar entre las autoridades electas refleja que el tema podría convertirse en uno de los primeros desafíos políticos para los nuevos gobiernos municipales en Veracruz.

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