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|| El nuevo gravamen a refrescos y bebidas azucaradas causa indignación; los ciudadanos exigen soluciones reales, no más cargas fiscales

La presidenta de nuestro país Claudia Sheinbaum Pardo encendió la polémica al defender el nuevo impuesto aplicado a refrescos y bebidas azucaradas, asegurando que no se trata de una medida recaudatoria, sino de “salud pública”. Sin embargo, su discurso ha generado una ola de críticas por parte de ciudadanos que consideran esta acción como otro golpe al bolsillo disfrazado de preocupación social.

“Es para cuidar la salud del pueblo”, fue la frase con la que Sheinbaum intentó justificar el aumento en el costo de productos de consumo diario. Pero la reacción no se hizo esperar: miles de voces en redes sociales recordaron que si realmente existiera interés por la salud de los mexicanos, las prioridades del gobierno deberían ser otras, como mejorar los hospitales del IMSS e ISSSTE, acabar con el desabasto de medicamentos y garantizar atención médica digna en lugar de castigar con más impuestos a las familias trabajadoras.

Analistas coinciden en que este tipo de medidas, aunque presentadas como políticas de bienestar, terminan afectando directamente a los sectores más vulnerables, donde el acceso a servicios de salud, nutrición y educación sanitaria sigue siendo precario.

Mientras tanto, la administración federal insiste en que el nuevo impuesto busca desalentar el consumo de bebidas con alto contenido de azúcar. Sin embargo, los ciudadanos ven en esto una contradicción evidente entre el discurso y la realidad, ya que las carencias en clínicas y hospitales públicos continúan siendo una herida abierta.

“Primero que curen, luego que cobren”, ironizó un usuario en redes, reflejando el sentir generalizado de una sociedad que se siente cada vez más presionada por un gobierno que promete bienestar, pero sigue recaudando a costa del pueblo.